El gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su rechazo al fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de junio de 2012, dado a
conocer el 20 de julio de 2012, en el caso de Raúl Díaz Peña, autor de los
atentados terroristas contra el Consulado General de la República de Colombia y
la Oficina de Comercio del Reino de España, quien fue sentenciado el 29 de
abril de 2008 por los delitos de intimación pública, daños a la propiedad
pública y lesiones leves, a cumplir nueve años y cuatro meses de prisión.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos continúa erosionando su credibilidad, al
emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en
atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta solo debe
actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos. Cabe destacar
que el caso de Díaz Peña aún sigue abierto ya que, tras beneficiarse con una
medida de libertad condicional cuando solo había cumplido cuatro años y cinco
meses de condena, este terrorista se dio a la fuga y consiguió refugio en los
Estados Unidos. Con esta decisión, la Corte Interamericana deja al descubierto
su complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas
que atentan contra los pueblos de Nuestra América.
Venezuela
reitera su exigencia a la Corte para que aplique los principios de
universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las
cuestiones de Derechos Humanos, y cese su pretensión de colocarse por encima de
la legislación interna de los Estados.
El gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso ineludible con
garantizar el respeto absoluto de los Derechos Humanos sobre su territorio,
conforme al mandato Constitucional y a la voluntad popular, independientemente
de las manipulaciones y las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.
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