ALAI AMLATINA, 14/06/2011.- Resistencia civil pacífica. Lo que comenzó el pasado 5 de junio en Morelos como “Caravana por la Paz de Cuernavaca a Ciudad Juárez”, concluyó este fin de semana en Juárez como “Caravana del Consuelo”; es decir, transmutó en el trayecto.
Ha sido una de las caravanas más largas, casi tres mil kilómetros, pero no la única. En septiembre de 1991 la Marcha por la Dignidad la encabezó Salvador Nava Calvillo desde San Luis Potosí hacia el Distrito Federal,
en defensa de su triunfo electoral; el Éxodo por la Democracia que encabezó desde Tabasco al DF Andrés Manuel López también el 1991, por igual motivo; la marcha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hacia la Ciudad de México en 1995 y otra en octubre de 2006, por el respeto a los derechos laborales; las marchas del EZLN encabezada por el subcomandante Marcos en 1991 y 2001, en reconocimiento por los derechos de los pueblos indígenas plasmados en una Ley Indígena que no cuajó pese a las promesas de Ernesto Zedillo.
Todas, como secuelas del régimen autoritario y represor priista, y de colofón panista, renuentes en atender las demandas ciudadanas que exigen del gobierno, aparte de cumplir con sus promesas democráticas de respeto
a la dignidad, a los derechos ciudadanos, humanos, etcétera, el cambio de régimen político y no sólo electoral —porque la democracia es más que mecanismo electorero, como lo quiere ver a conveniencia el propio
sistema político.
Encabezada por el poeta Javier Sicilia, que entró de lleno a la resistencia civil —de la mano de tantos más que padecen de cerca la violencia— desde que asesinaron a su hijo, la marcha se propuso “ir por donde están los corazones más adoloridos, romper ese miedo, ese cerco para abrazarnos y decirles a los señores de la muerte —estén donde estén, sean criminales o gente en el gobierno coludida con ellos— que no estamos solos los mexicanos”. La solidaridad ciudadana dado el abandono de las autoridades y la inoperancia de las policías al contener la violencia desatada en el territorio nacional, unos estados más otros menos, todos padeciendo el mismo síndrome de descomposición.
Así, el trayecto incluyó entidades como el propio DF, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. “Les queremos decir —al gobierno y los criminales, expresó Sicilia—, que estamos hartos de su guerra; de sus corrupciones; de que quieran humillar a esta nación. La gente quiere vivir en paz y salir a la calle todos los días sin temor”.
Los seis puntos del Pacto para la Paz iniciales: verdad y justicia por las víctimas y sus familiares; fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad;
combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; democracia participativa y democratización de los medios de
comunicación.
Puntos que, sobre todo el tercero, cuarto y sexto [porque los otros son coyunturales], mínimamente, debieran ser parte de un Plan de Transformación Democrática del Estado —no sólo del gobierno y sus corroídas y añejas estructuras—, bajo una iniciativa surgida ya desde el Poder Legislativo o sobre todo del Poder Ejecutivo —por la fuerte influencia del presidencialismo—, bajo el consenso y participación activa de la sociedad organizada. Situación que, se dice comúnmente, no ha sucedido por la falta de voluntad política del régimen; pero que en el fondo no se da por las presiones de los grupos de interés que defienden sus intereses, sobre todo empresariales, y de Estados Unidos.
La miopía del Presidente Calderón a recular en la fallida estrategia contra el crimen organizado, pese al saldo de los más de 40 mil muertes que hacen eco en el extranjero [las protestas aéreas en la Universidad de Stanford, donde fue recordada la campaña “No Más Sangre” con la frase: “¿40,000 dead. How many more?”, en la graduación de 4 mil estudiantes], son insuficientes para revisar siquiera las medidas aplicadas hasta ahora.
Por lo tanto, y menos a estas alturas del sexenio porque todo en él se da según el curso de los tiempos políticos y ahora son meramente electoreros, no habrá iniciativa desde el sistema para modificar nada o
siquiera poner oídos a las demandas ciudadanas; pero por ello también es puntual la demanda ciudadana para presionar desde afuera con la bandera de la resistencia civil pacífica, como la definió Sicilia en parangón de
la estrategia de Gandhi en la India contra el imperio británico.
En este sentido, dijo uno de los voceros de la “Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad” cuando concluyó su recorrido: lo que queda por delante para el “Pacto Nacional Ciudadano” es, “traducir todo ese dolor humano recogido en su trayecto, en un emplazamiento a los actores responsables para hacer cumplirlo”. En otras palabras: “De lo que se trata ahora es humanizar a la autoridad, lograr que se rompa toda esta impunidad a través del diálogo y formas de resistencia pacífica, que pueden ser una fórmula moral tremendamente radical para lograrlo”.
Luego entonces, “está claro que no es esta resistencia civil el saque para iniciar el diálogo con las autoridades, pero tampoco queremos que éste sólo sirva para que, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón nos
diga que acompaña nuestra causa, sino para que realmente se modifiquen las cosas; la resistencia estará en función de la respuesta”. Porque “se trata de humanizar al adversario, no odiarlo; aún con los grados de
inhumanidad que tenga, hay que conocer el proceso de esa inhumanidad, que puede ser la ignorancia y poder confrontarla, pero no reforzar su inhumanidad porque si no vamos a chocar de frente y entrar en una espiral de violencia”.
Al movimiento encabezado por Sicilia, durante y conforme avanza la organización y la protesta, se suman las organizaciones civiles. Se trata de “atender la situación de emergencia nacional” desde afuera del sistema. Porque entre las prioridades está, en palabras de Sicilia, “rehacer el tejido social, limpiar las instituciones jurídicas de la corrupción y cambiar la estrategia de combate al crimen organizado”.
Ha sido una de las caravanas más largas, casi tres mil kilómetros, pero no la única. En septiembre de 1991 la Marcha por la Dignidad la encabezó Salvador Nava Calvillo desde San Luis Potosí hacia el Distrito Federal,
en defensa de su triunfo electoral; el Éxodo por la Democracia que encabezó desde Tabasco al DF Andrés Manuel López también el 1991, por igual motivo; la marcha de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hacia la Ciudad de México en 1995 y otra en octubre de 2006, por el respeto a los derechos laborales; las marchas del EZLN encabezada por el subcomandante Marcos en 1991 y 2001, en reconocimiento por los derechos de los pueblos indígenas plasmados en una Ley Indígena que no cuajó pese a las promesas de Ernesto Zedillo.
Todas, como secuelas del régimen autoritario y represor priista, y de colofón panista, renuentes en atender las demandas ciudadanas que exigen del gobierno, aparte de cumplir con sus promesas democráticas de respeto
a la dignidad, a los derechos ciudadanos, humanos, etcétera, el cambio de régimen político y no sólo electoral —porque la democracia es más que mecanismo electorero, como lo quiere ver a conveniencia el propio
sistema político.
Encabezada por el poeta Javier Sicilia, que entró de lleno a la resistencia civil —de la mano de tantos más que padecen de cerca la violencia— desde que asesinaron a su hijo, la marcha se propuso “ir por donde están los corazones más adoloridos, romper ese miedo, ese cerco para abrazarnos y decirles a los señores de la muerte —estén donde estén, sean criminales o gente en el gobierno coludida con ellos— que no estamos solos los mexicanos”. La solidaridad ciudadana dado el abandono de las autoridades y la inoperancia de las policías al contener la violencia desatada en el territorio nacional, unos estados más otros menos, todos padeciendo el mismo síndrome de descomposición.
Así, el trayecto incluyó entidades como el propio DF, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. “Les queremos decir —al gobierno y los criminales, expresó Sicilia—, que estamos hartos de su guerra; de sus corrupciones; de que quieran humillar a esta nación. La gente quiere vivir en paz y salir a la calle todos los días sin temor”.
Los seis puntos del Pacto para la Paz iniciales: verdad y justicia por las víctimas y sus familiares; fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad;
combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social; democracia participativa y democratización de los medios de
comunicación.
Puntos que, sobre todo el tercero, cuarto y sexto [porque los otros son coyunturales], mínimamente, debieran ser parte de un Plan de Transformación Democrática del Estado —no sólo del gobierno y sus corroídas y añejas estructuras—, bajo una iniciativa surgida ya desde el Poder Legislativo o sobre todo del Poder Ejecutivo —por la fuerte influencia del presidencialismo—, bajo el consenso y participación activa de la sociedad organizada. Situación que, se dice comúnmente, no ha sucedido por la falta de voluntad política del régimen; pero que en el fondo no se da por las presiones de los grupos de interés que defienden sus intereses, sobre todo empresariales, y de Estados Unidos.
La miopía del Presidente Calderón a recular en la fallida estrategia contra el crimen organizado, pese al saldo de los más de 40 mil muertes que hacen eco en el extranjero [las protestas aéreas en la Universidad de Stanford, donde fue recordada la campaña “No Más Sangre” con la frase: “¿40,000 dead. How many more?”, en la graduación de 4 mil estudiantes], son insuficientes para revisar siquiera las medidas aplicadas hasta ahora.
Por lo tanto, y menos a estas alturas del sexenio porque todo en él se da según el curso de los tiempos políticos y ahora son meramente electoreros, no habrá iniciativa desde el sistema para modificar nada o
siquiera poner oídos a las demandas ciudadanas; pero por ello también es puntual la demanda ciudadana para presionar desde afuera con la bandera de la resistencia civil pacífica, como la definió Sicilia en parangón de
la estrategia de Gandhi en la India contra el imperio británico.
En este sentido, dijo uno de los voceros de la “Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad” cuando concluyó su recorrido: lo que queda por delante para el “Pacto Nacional Ciudadano” es, “traducir todo ese dolor humano recogido en su trayecto, en un emplazamiento a los actores responsables para hacer cumplirlo”. En otras palabras: “De lo que se trata ahora es humanizar a la autoridad, lograr que se rompa toda esta impunidad a través del diálogo y formas de resistencia pacífica, que pueden ser una fórmula moral tremendamente radical para lograrlo”.
Luego entonces, “está claro que no es esta resistencia civil el saque para iniciar el diálogo con las autoridades, pero tampoco queremos que éste sólo sirva para que, por ejemplo, el presidente Felipe Calderón nos
diga que acompaña nuestra causa, sino para que realmente se modifiquen las cosas; la resistencia estará en función de la respuesta”. Porque “se trata de humanizar al adversario, no odiarlo; aún con los grados de
inhumanidad que tenga, hay que conocer el proceso de esa inhumanidad, que puede ser la ignorancia y poder confrontarla, pero no reforzar su inhumanidad porque si no vamos a chocar de frente y entrar en una espiral de violencia”.
Al movimiento encabezado por Sicilia, durante y conforme avanza la organización y la protesta, se suman las organizaciones civiles. Se trata de “atender la situación de emergencia nacional” desde afuera del sistema. Porque entre las prioridades está, en palabras de Sicilia, “rehacer el tejido social, limpiar las instituciones jurídicas de la corrupción y cambiar la estrategia de combate al crimen organizado”.
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