Su abogado, Eduardo Pachas, indicó que no se ha probado ninguna acusación de corrupción.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró el martes su inocencia sobre los “falsos hechos” de los que es acusado y aseguró que es víctima de un “injusto secuestro”.
El exmandatario compareció por teleconferencia ante el juez Juan Carlos Checkley, que monitorea el proceso de investigación al que está sometido, en una audiencia que debatió un pedido de la fiscalía de 36 meses de prisión para él.
En un tuit, Castillo publicó “Reitero mi inocencia sobre los falsos hechos que se me acusa y denunció otra vez este injusto secuestro por servir lealmente a mi país como presidente de la República. Un abrazo grande, pueblo peruano”.
En un vídeo, Castillo señala que el único delito que ha cometido es “servir a mi país como presidente de la República”, y negó encabezar o integrar una red criminal dedicada a la corrupción, como sostiene la hipótesis de la fiscalía, señala Prensa Latina.
En este sentido, dijo que sus ministros, dos de ellos involucrados en las pesquisas, tuvieron el voto de confianza del Parlamento, al cual fustigó duramente.
Según Castillo, esas acusaciones son usadas para pedir se le someta a 36 meses prisión preventiva, pese a que cumple una de 18 meses, iniciada en diciembre de 2022, por el cargo de rebelión, debido a que intentó disolver el Congreso, por lo que fue destituido por el Parlamento.
Por ello aseguró estar preso sin haber cometido ningún delito y se considera secuestrado desde hace casi 100 días, a lo cual su abogado, Eduardo Pachas, agregó que no se ha probado ninguna de las acusaciones de corrupción.
Por su parte, el juez Checkley anunció que este jueves 9 de marzo decidirá sobre el pedido hecho por la Fiscalía de aplicar 36 meses de prisión preventiva contra Castillo, refiere Telesur.
Tras la destitución de Castillo y la designación por parte del Congreso de Dina Boluarte como nueva presidenta del país, miles de peruanos han llevado a cabo manifestaciones en reclamo de la renuncia de la mandataria, el cierre del parlamento, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y justicia para las víctimas de la represión.
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